*Proyectos a cargo del Fondo Adaptación y la UNGRD están empantanados y no logran terminarse. Mientras tanto, la nueva ola invernal, trae otra vez más tragedias y damnificados.
En 10 años se han invertido $11,4 billones en atención de emergencias y desastres y megaproyectos para reducir riesgos. Al cumplirse una década de la puesta en marcha de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, y justo cuando varias regiones del país afrontan una nueva situación de emergencia invernal en puntos críticos identificados desde hace varios años, la Contraloría General de la República consolidó la información de los recursos invertidos en tales actividades en este tiempo (de 2012 a 2022), y encontró que pasan de los 11,4 billones de pesos, pero que su impacto está lejos de ser el esperado.
Estos recursos se han destinado través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Adaptación en obras y proyectos para la reducción del riesgo.
De $9.4 billones que le fueron aprobados al Fondo Adaptación desde el 2012, se han asignado $8.1 billones y contratado $7.7 billones, para la ejecución de cinco megaproyectos: Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce, en seis sectores (vivienda, educación, salud, acueducto, transportes y reactivación económica).
Ninguno de estos proyectos se ha concluido y se han presentado atrasos e incumplimientos reiterados. Así mismo, no se ha terminado ninguno de los proyectos para la atención de necesidades de las comunidades afectadas.
Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha comprometido recursos por $3.3 billones, representados en 255 proyectos, de los cuales 44 han sido terminados (el 17,2%), 80 están en ejecución y 131 en proceso de contratación.
Por otra parte, la Contraloría ha podido identificar que, en los últimos 18 meses, sólo con destino a la atención de eventos, cuyo impacto en vidas, bienes, medio ambiente ha resultado altamente representativo, se ha destinado una inversión que supera los $1.18 billones de recursos del orden nacional y territorial.
En Puerto Venecia – Municipio de Achí (Bolívar), se destaca un contrato para mitigar el riesgo y evitar las afectaciones por erosión que se viene presentando desde el año 2020 y que tenía como fin evitar las afectaciones de la siguiente ola invernal por $11.782 millones, cuyo valor inicial fue $6.886 millones y se adicionó en más del 50% por $4.671 millones.
Se trata de una obra de emergencia que además de reportar una suspensión de 143 días, muestra un avance de apenas el 75%, no se ha terminado y su costo ha sido del doble de lo proyectado.
La Fase 4 del proyecto de Protección de la orilla del Río Magdalena en Salamina (Magdalena) que buscaba mitigar el riesgo de inundación de las comunidades de Salamina y el Piñón, contaba inicialmente con recursos por $37.000 millones y se necesitó generar nuevos recursos por $29.760 millones con el fin de lograr una solución definitiva.
Sin embargo, los habitantes manifiestan que se ha incrementado el riesgo de inundación y se informó a la Contraloría que el pasado 10 de mayo se generó un colapsó del espolón del kilómetro 2.1 de la vía Salamina – El Piñón.
Así mismo las obras de emergencia por $19.852 millones, para el control de eventos de inundación que sucedieron en el año 2020 en Cara ‘e Gato, jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, que buscaban generar una solución definitiva a la amenaza de riesgo para los municipios de Ayapel, San Marcos, San Benito de Abad, Caimito, Sucre, Guaranda y Majagual, solo iniciaron su ejecución en septiembre de 2021 y el 3 de marzo pasado se conoció que una creciente súbita del río Cauca, provocada por las fuertes lluvias que se registran en el interior del país, rompió 40 metros del jarillón de la primera fase y se generó la consecuente inundación sin que el proyecto se haya culminado.
Tomado de infobae.com
