Por José David Name
El ineludible aumento de los precios de la gasolina nos llegó con el mes de octubre, añadiendo nuevas preocupaciones acerca de su impacto en el costo de vida los colombianos, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin duda una decisión con un alto precio político para el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, que tiene el gran reto de evitar que se incremente el problema de la inflación.
A pesar de ser una medida necesaria con la que se busca reducir el insostenible déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) que para finales de 2022 ascendería a $34 billones, y mejorar la inversión social, su implementación ha causado rechazo en algunos sectores como el comercial y el de transporte público, quienes ven afectada su actividad económica.
El incremento de $200 por mes, que ha establecido el gobierno nacional, constata que para el próximo mes de noviembre, en 11 de los 32 departamentos, el combustible sobrepasará los $10.000 por galón. Aun cuando Colombia es uno de los países con el precio de la gasolina más bajo de América Latina, donde el promedio por galón es de $16.000, el cúmulo de problemas actuales y los cambios que supone la nueva reforma tributaria, hacen de este aumento un tema sensible entre los ciudadanos.
En medio de todo, hay opiniones diversas acerca de la decisión de no afectar el precio del ACPM o Diésel, que tomó el Gobierno con el argumento de no profundizar la inflación actual. Corficolombiana, por ejemplo, señala que el alza solo en la gasolina este año, corrige el 10% de la mitad de la brecha, es decir, solo 5% del déficit total. Por otro lado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), afirma que por cada $200 de aumento se generaría una disminución del déficit de $200.000 millones, aproximadamente. Muy poco para el alto déficit. Un complejo dilema que por donde se mire afecta al país.
Entre los efectos por el aumento de los precios de la gasolina se encuentra el incremento en el valor de los productos de la canasta familiar, que inevitablemente producirán un impacto en el bolsillo de los hogares colombianos y la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Si la eliminación del subsidio no se realiza de manera correcta, podría desencadenarse un nuevo estallido social en el país, que agravaría la coyuntura actual. Por lo que, entre otras medidas, también resulta urgente revaluar la fórmula de fijación del precio del galón de gasolina.
Para afrontar, de manera correcta, los nuevos escenarios que se avecinan, necesitamos mayor claridad acerca de la hoja de ruta que se va a seguir en cuanto a los precios de los combustibles. Si no se maneja el tema con cuidado, la insatisfacción popular y la inconformidad de los sectores más afectados podrían recalentar el clima social.
