Este martes 7 de marzo se socializó el fallo del Consejo de Estado que ordena a Electricaribe en liquidación a devolver los dineros que no fueron aplicados del FOES a usuarios de estratos 1 y 2. La sentencia del 7 de diciembre de 2021 señala que el denominado “Consumo Distribuido Comunitario” corresponde al cobro indebido de recuperación por pérdidas de la empresa, al cual, iban a parar los subsidios. Este caso fue llevado por el abogado Roberto Tapia Ahumada en segunda instancia en apelación al Consejo de Estado alegando que existía una clara inaplicación de los subsidios del FOES.
En el recinto, la socialización del fallo fue expuesta por el Concejal y abogado Antonio Bohórquez Collazos, por el Personero municipal de Puerto Colombia Juan David Ortega y el abogado del caso Roberto Tapia Ahumada.
El concejal Antonio Bohórquez anunció que dado que esta sentencia corresponde al municipio de Soledad, Electricaribe en liquidación en total deberá devolver más de 572 mil millones de pesos, por lo que ya se iniciaron las acciones correspondientes para la aplicación de esta decisión en la ciudad de Barranquilla y los municipios del departamento del Atlántico donde se ha logrado demostrar que en efecto, los estratos 1 y 2 no recibieron el subsidio y por el contrario, asumieron cobros adicionales en la facturación. A su vez, el abogado del caso señaló, que ya fueron admitidas las demandas en los departamentos de la Costa Caribe colombiana en donde Air-e y Afinia operaron cometiendo las mismas actuaciones por lo que se tomarán las acciones penales correspondientes a un presunto peculado por apropiación y/o peculado por destinación diferente.
Juan David Ortega, Personero municipal del municipio de Puerto Colombia, integrante de la Junta Directiva de FENALPER, señaló que “es la hora de cambiar la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos, al quedarse obsoleta y que debía ser transformada, al estar fuera de las condiciones actuales, por ejemplo, en el denominado Cargo Fijo que obedecía a la necesidad de sostenimiento de empresas públicas nacientes, pero para la que hoy, no hay justificación”.
Las investigaciones de los equipos jurídicos concluyeron que en los primeros 10 meses de operación de Aire y Afinia, luego de asumir las funciones de la empresa liquidada Electricaribe, no se aplicaron a las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2 en las zonas de difícil acceso y cobro, los subsidios del FOES, sino que estos dineros llegaron a un rubro de pérdidas de energía. La suma asciende a 67.300 millones de pesos.
En todos los municipios del departamento del Atlántico y de la Región, se dispondrá del personal y voluntariado necesario para emprender la vinculación de usuarios afectados.
