Por José David Name Cardozo
La medición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IPME), que por primera vez se realizó en Colombia bajo el liderazgo de la empresa Promigas, pone sobre la mesa la discusión de las grandes brechas en cuanto al acceso a los servicios públicos de energía y gas, otro de los lastres de la desigualdad que agudiza las inequidades, que históricamente han existido en nuestro país, y vuelve al interrogante de cuáles son las acciones que se deben implementar para erradicar este flagelo.
El estudio reveló que 18,5% de los colombianos se encuentran en situación de pobreza energética, lo que se traduce en 9,6 millones de ciudadanos. Para resumir, 1 de cada 5 personas se encuentra en esta condición. También, resalta que la pobreza energética en la zona rural remota es 11 veces mayor a la de los grandes centros urbanos. Casi la mitad de los habitantes de municipios remotos, el 47,9%, están en esta situación. En contraste, solo el 4,3% de las personas en grandes centros urbanos son pobres energéticos.
Por otro lado, esta medición resalta la importancia del gas natural. Que en pleno siglo XXI, el 47,4% de los colombianos cocine con leña, carbón y desechos, es aterrador. No solo por el impacto negativo para el medio ambiente, sino también por las graves afectaciones que causa a la salud y economía de las familias. En medio de la transición en la que nos encontramos, cada vez cobra mayor relevancia el papel del gas natural, es por ello que hay que concentrar los esfuerzos en el desarrollo de provincias gasíferas en el Caribe colombiano, para así mantener y ampliar la oferta.
Reivindicarnos con las miles de familias colombianas que no cuentan con el servicio de energía en sus hogares y promover alternativas energéticas sostenibles para contribuir en la lucha contra el cambio climático, fueron y siguen siendo, al día hoy, los principales propósitos de nuestra lucha por el desarrollo de las energías limpias en Colombia. Un camino que, si bien no ha sido fácil, ha estado lleno de grandes logros y satisfacciones como la aprobación de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, con las que establecimos un marco robusto que ha sido el cimiento para los primeros pasos de la transformación sostenible del sector energético.
Más que para reducir las emisiones de gases contaminantes, debido a que Colombia es uno de los países que menos dióxido de carbono emite a nivel mundial, creamos estas leyes para llevar progreso a las familias olvidadas. Por ejemplo, departamentos como La Guajira, con una pobreza energética superior al 70%, necesitan contar con una estrategia más agresiva de desarrollo y cobertura con soluciones individuales solares fotovoltaicas, que les proporcionen un mejoramiento en las condiciones de vida en el corto plazo.
Mitigar la falta de energía y gas en regiones aisladas del país es la senda por la que hay que avanzar para conseguir una verdadera transformación social y económica. La realidad del país exige que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro pase del dicho a los hechos en cuanto a transición energética. Hay que continuar uniendo esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para desarrollar nuevas políticas públicas que aseguren una transición energética justa, para todos los que hoy no cuentan con energía y gas. Gozar de estos servicios públicos esenciales no puede seguir siendo un privilegio reservado para solo una parte de la población.
