Por José David Name
Con el flujo de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá disparado en más de un 50%, durante el último mes, se agudiza la crisis humanitaria y de desplazamiento que se viene presentando desde hace varios años en la selva del Darién. Una problemática que debe ser afrontada de manera unánime, bajo una agenda coordinada entre países.
El drama humanitario desatado en medio de la crisis migratoria, sin precedentes, que se vive en los países de la región, aumenta con el paso del tiempo. En el caso de la frontera entre Colombia y Panamá, en lo que va de este año más de 330.000 personas han cruzado el tapón del Darién, según datos de la ONU. De acuerdo a los registros entregados por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, solo en el mes de agosto cruzaron 79.455 migrantes, de los cuales 18.184 eran menores de 18 años.
Es el desespero de miles de familias por un «mejor futuro» y la imposibilidad de cruzar de manera legal a los Estados Unidos, lo que los lleva al temido tapón del Darién, un intransitable bloque vegetal selvático de casi 600.000 hectáreas que se encuentra en la frontera entre Colombia y Panamá, por el que diariamente se aventuran miles de personas. En esta travesía, los niños y niñas son las principales víctimas de violaciones, abusos de derechos humanos y muerte, la quinta parte de las personas que cruzan la selva son menores de edad.
A la tragedia que ya cargan sobre sus hombros los migrantes, que en su mayoría vienen huyendo de la pobreza extrema o la agitación política de su país, hay que sumarle los altos riesgos a los que se exponen como la trata de personas, el tráfico de migrantes y sus delitos conexos. La población se encuentra a merced de las mafias que buscan sacar provecho de su condición de vulnerabilidad para someterla a toda clase de abusos. Mientras crece la xenofobia, delincuencia y miseria, se siguen perdiendo vidas de migrantes en tránsito. Ante esta dramática realidad es urgente crear una ruta segura entre Colombia y Panamá, así como la desarticulación de las estructuras criminales que operan en los municipios contra migrantes.
Desde todo punto es condenable el tráfico, la explotación y el abuso al que son sometidos miles de migrantes. Es obligación de todos, proteger sus derechos y su dignidad humana, añadir más sufrimiento a sus vidas es una infamia. Tenemos el deber moral de garantizarles condiciones dignas durante su estancia en el país y buscar soluciones de fondo que logren mitigar el drama de estas familias.
Las ascendentes cifras de migrantes represados y sus deplorables condiciones demuestran que se está fallando en la atención de esta crisis migratoria en el continente. Las acciones realizadas al día de hoy han sido insuficientes, se requiere mayores esfuerzos y que la comunidad internacional volqué su mirada a los migrantes, que con desesperación claman por ayuda, mientras empeoran las precarias condiciones de vida y aumenta su vulnerabilidad. Necesitamos soluciones efectivas entre los gobiernos para evitar que se agudice la problemática, una mayor actuación por parte de la comunidad internacional y un esfuerzo internacional coordinado son los retos que se imponen en esta crisis.
