“Es un acto inhumano dejar sin energía eléctrica a niños, adultos mayores, personas que tienen sus casas como hospital, cuando el problema es con el área común de un determinado conjunto”.
Por GERMAN AGÁMEZ
En una emotiva rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes, representantes de Lonja de propiedad Horizontal del Atlántico, del Colegio de Administradores, de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, Administradores de conjuntos residenciales y usuarios de dichos conjuntos, hicieron una serie de denuncias contra la empresa Aire, encargada de la prestación del servicio de energía en Barranquilla y el Atlántico.
Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal manifestó que la propiedad horizontal está a punto de colapsar, debido a que la empresa Aire suspende el servicio de energía de manera sistemática y arbitraria, a los diferentes conjuntos residenciales y condominios. “Hago un llamado para conformar una mesa de negociación a fin de tratar este delicado tema”, dijo Padilla y agregó que, “no se le puede suspender el servicio de energía a las áreas comunes de los multifamiliares desde afuera, dejando a toda la copropiedad y a sus usuarios en la parte privada, sin el servicio estando a paz y salvo con la empresa. Es un acto inhumano dejar sin energía eléctrica a niños, adultos mayores y personas que tienen sus casas como hospital, cuando el problema es con el área común de un determinado conjunto”.
La dirigente gremial insistió en que, “estamos solicitando al Gobierno nacional que inicie unas mesas de diálogo y que nombren comisiones que vengan a verificar lo que estamos denunciando. Este problema tiene asfixiadas a las familias que viven en propiedades horizontales”, recalcó.
Indicó además Padilla, que son aproximadamente 10 mil unidades inmobiliarias las que están afectadas en este momento por los cortes abusivos de la empresa Aire, y añadió que la Superintendencia de servicios Públicos no se pronuncia de ninguna forma.
“Estamos hablando de abusos por parte de una empresa privada y de omisión por parte del Estado. Se está violando el debido proceso a las personas. Además, no es cierto que los administradores de los conjuntos residenciales no permitan el ingreso de los operarios de Aire cuando necesitan suspender el servicio en áreas comunes de los conjuntos”, señaló Silvia Padilla.
“Lo que sucede es que, “de manera temeraria, para recuperar el dinero que adeudan los conjuntos por sus áreas comunes, suspenden el servicio a todo el conjunto, generando un problema de convivencia ciudadana, ya que muchas unidades familiares son más extensas, en cuanto a número de habitantes, que muchos barrios de la ciudad”, concluyó.
Por otra parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, sostuvo que “desde el año pasado se está exigiendo a las autoridades pertinentes la derogatoria del régimen especial de tarifas contra los usuarios de la costa norte de Colombia, con base en artículo 126 de la ley 142 de 1994 y el parágrafo del artículo 9 de la misma Ley”.
“Dicha reclamación la vienen haciendo diferentes ligas de usuarios, dirigentes comunales, cámaras de comercio, comités intergremiales, alcaldías de la costa Caribe, la Lonja de Propiedad Horizontal, y la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, Asocentro”, dijo.
Agregó Alarcón que, actualmente existen tres demandas contra ese régimen especial tarifario, dos ante el Consejo de Estado, instauradas por los alcaldes de la costa Caribe y por el concejal Antonio Bohórquez y otra interpuesta por el consultorio jurídico de la Universidad del Norte ante el Tribunal Administrativo del Atlántico”.
Dijo además el dirigente gremial, que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro (Ley 2294 de 2023) en su artículo 372 ratificó este lesivo régimen especial tarifario contra los costeños, que había sido aprobado en la Administración del entonces presidente Juan Manuel Santos.
