Por Deivy Cásseres*
Las Juntas de Acción Comunal y el movimiento comunal en sí mismo, desde su origen a mediados del siglo pasado, vienen jugando un papel trascendental en el desarrollo económico, social, cultural y político del país, dando una mirada territorial, generando así, una ruptura con el enfoque centralista que desde los albores de la República predomina en nuestro país.
Como producto de su gestión e histórica lucha, el movimiento comunal ha materializado, en los últimos años, reivindicaciones de siempre, en primera medida con la expedición de la ley 2166 del 2021 y sus decretos reglamentarios, el legislador ha construido un sólido andamiaje normativo teniendo como propósito esencial robustecer y garantizar la permanencia en el tiempo a estas organizaciones cívicas sin ánimo de lucro, encaminadas al desarrollo comunitario, permitiendo que dichos organismos tengan la capacidad de intervenir activamente en procesos contractuales con el Estado en todos sus niveles.
Por otro lado, el gobierno de turno ha priorizado a este tipo de organizaciones para que participen de forma más activa en los procesos contractuales estatales.
El escenario resulta promisorio y de retos enormes.
Materializar estas conquistas demanda de las Juntas de Acción Comunal ingentes esfuerzos que, a nuestro modo de ver, implican inicialmente, disponer, cuanto antes, de la participación de aliados estratégicos que coadyuven de forma decidida en contar, en el Distrito de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico, con Juntas de Acción Comunal más y mejor preparadas, autosuficientes, pro activas, eficaces y eficientes, en función del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a las que se deben.
Sin lugar a dudas, las Instituciones de Educación Superior del departamento, en especial aquellas de carácter oficial, juegan un papel esencial en el propósito de empoderamiento y visibilización de las Juntas de Acción Comunal, razón por la cual las exhortamos para que asuman el reto de brindar a estas organizaciones verdaderos espacios de formación, debidamente certificados en temas relacionados con su objeto social y en especial, en aquellas áreas que les permitan conocer los procesos contractuales, sus implicaciones y el debido manejo de las finanzas públicas, a las más de 930 Juntas de Acción Comunal existentes en Barranquilla y el departamento del Atlántico, con sus aproximados 9.300 dignitarios, tal como lo consagra la Ley 2166 de 2022 y su decreto reglamentario 1501 de 2023.
*Deivy Cásseres Cañate es Abogado, especialista en Derecho Administrativo y contratación estatal; Magister en Derecho y Docente Investigador Universitario.
