Por José David Name
El tiempo pasa y sigue creciendo la deuda que tiene el Atlántico y la Nación con el embalse El Guájaro, la principal reserva hídrica del departamento, que se está deteriorando por la despiadada contaminación y el avance de la sedimentación, limitando sus aportes ecológicos, biológicos y alimentarios. Un alto riesgo para el ecosistema y las comunidades que demanda la urgente acción del Gobierno y sus entidades.
El pasado viernes, en una sesión descentralizada de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado realizada en el embalse El Guájaro en el municipio de Sabanalarga, desarrollamos un debate de control político para que los ministros nos explicaran cuáles han sido las medidas adoptadas para preservar el bienestar de los ecosistemas del embalse y de las comunidades aledañas, y en conclusión las acciones han sido escasas.
Aunque actualmente contamos con la ley 2175 de 2021, que en este 2024 cumple su tercer año, es poco lo que se ha avanzado para lograr la recuperación ambiental del Guájaro, el segundo embalse más importante en el país. En la ley que declaró al embalse como zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero y reconoció su potencial pesquero, se establecieron las bases para que a través de la articulación del Gobierno Nacional y las entidades territoriales; se explote el potencial de la reserva hídrica. Lo anterior, por medio de estrategias que fomenten el desarrollo de proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros.
Asimismo, se permite incorporar al Embalse del Guájaro en los proyectos de inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es decir que se abre la puerta a la llegada de nuevos recursos para la recuperación, protección y conservación de un cuerpo de agua, que por su gran valor ecosistémico y su importancia biológica, requiere de importantes inversiones. De igual modo, establece que el cuerpo de agua se incluya dentro de los programas de desarrollo e infraestructura de ecoturismo, agroturismo y acuaturismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para darle viabilidad a proyectos de inversión que busquen explotar, de manera sostenible, el potencial y los recursos con los que cuenta el embalse.
Cuando defendí esta ley en el Senado, como autor y ponente, estaba convencido de que dábamos el primer paso para lograr la recuperación ambiental de nuestro preciado embalse y así lo sigo creyendo. Es por eso, que hemos realizado un llamado al Gobierno y sus delegados del gabinete ministerial para hacer las inversiones que sean necesarias para impulsar las actividades productivas del embalse, tenemos las herramientas y una ley que faculta la asignación de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos y programas que fomenten el desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero del embalse. Entonces, manos a la obra.
Anhelamos tener un embalse recuperado ambientalmente, que brinde todos sus servicios ecosistémicos y aporte al desarrollo de los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco, así como al crecimiento integral y sostenible del departamento. Tenemos un ecosistema extraordinario con una capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos de agua, y una superficie de 160 kilómetros cuadrados, que es de capital importancia para el Atlántico y toda Colombia. No nos cansaremos de trabajar hasta no ver su completo renacer.
