Por José David Name
Tal y como reza el dicho: «Al caído, caerle», en la Costa Atlántica no salimos de una cuando ya nos tienen lista otra. No bastando la compleja crisis energética que se vive en la región con los altos precios en las facturas de los usuarios, ahora el Gobierno Nacional en cabeza del ministerio de Transporte, busca sumarle una nueva carga financiera a los atlanticenses y bolivarenses con el cobro de la valorización en los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Se les ocurrió, desde Bogotá, hacer la prueba piloto de la implementación de este mecanismo en las ciudades y municipios de Atlántico y Bolívar, específicamente en Barranquilla, Cartagena, Santa Catalina, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Galapa, Malambo y Soledad, bajo la excusa de que servirá como modelo de financiación para obras de infraestructura, sin decir que se trasladará al contribuyente una carga que no le corresponde.
El rechazo contra este impuesto fue mayor al enterarnos que los recursos recaudados en estos departamentos, serían destinados a otras regiones del país y aunque, tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y la ministra de Transporte, María Constanza García, salieron a enmendar el garrafal error, diciendo que la totalidad de lo recaudado se invertirá en la región, todavía existen serias dudas acerca de su destinación y la definición de los proyectos a los que irían los dineros. Sigue sin convencer el injusto cobro de valorización sobre la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, que se pretende realizar sobre una vía aún sin concluir, que cuenta con cinco peajes y que más de la mitad se encuentra en calzada sencilla.
Después de conocerse el contenido de la Resolución 2615 del 27 de junio de 2024 de Invías, no tardó en caer una lluvia de justificadas demandas contra el cobro. Por un lado, se argumenta que la resolución infringe varias normas, decretos y leyes, además de presentar vicios en su formulación, carecer de estudios técnicos y socioeconómicos sobre el área de influencia.
Otra fuerte crítica, radica en la fórmula con la cual se cobrará la valorización, definida en las variables de avalúo comercial del predio, distancia del predio a la vía, costo de administración del inmueble, tope de la capacidad de pago y el plazo que habría para pagar la contribución. Se cuestiona que la liquidación del gravamen se realice según el avalúo comercial y no con el avalúo catastral, así como también se encontraron errores en la determinación de la Base Gravable, que no tiene en cuenta los ingresos generados por peajes.
La reacción categórica y firme de los sectores políticos, económicos y sociales de la Costa Caribe puso al descubierto el gran daño que podría ocasionarse a su futuro socioeconómico y competitivo, el cobro de esta valorización en la carretera Barranquilla-Cartagena. Rechazamos rotundamente este mecanismo que atenta contra nuestra región y le hace zancadilla a los atlanticenses. Estamos a la espera de la revisión de las demandas para la pronta suspensión del cobro que se proyecta iniciar en el 2025.
