Por Eduardo Verano de la Rosa
Los acuerdos más fundamentales en la Constituyente de 1991 provienen del ordenamiento territorial. Hubo dos avances para el Estado regional, por ende las regiones debían cumplir dos etapas para conformarse como tal: la primera, la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación —RAP, y posteriormente transitar hacia las Regiones como Entidades Territoriales —RET, con el propósito de tener una asignación clara de recursos para ser eficaces dentro del Estado en Colombia.
Por ello, en este 2024 se promovió, con 33 años de atraso, la reestructuración del Sistema General de Participaciones (SGP) con el propósito de buscar un equilibrio en las transferencias de recursos que la Nación, como recaudadora de los impuestos de venta, renta y aduanas (llamados Ingresos Corrientes de la Nación), debía hacer hacia las entidades territoriales como lo visionamos los constituyentes.
El artículo 357 de la Constitución de 1991 estableció una fórmula que privilegiaba a los municipios con mayores carencias, y se repartirían los recursos conforme al criterio de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas).
No obstante, la reforma constitucional del año 2001 (Acto Legislativo 01) y la de 2007 (Acto Legislativo 04) se apartaron del espíritu de la Constitución Política y eliminaron esta fórmula, en consecuencia, las entidades territoriales dejaron de percibir 388 billones entre los años 2002 y 2023.
Excusas, todas, pero esto es lo que el centralismo les quitó a las regiones con el pretexto de no perjudicar la estructura económica del país.
Hoy existe un resentimiento enquistado en las regiones: la pobreza y el elevado número de necesidades básicas insatisfechas realmente frenan el desarrollo económico y social de los territorios. Y para empeorar la situación, el gasto militar pasó del 1.8 % del PIB en 1991 al 4.5 % del PIB en 2022.
Por ello, la Misión de Descentralización recomendó avanzar con el nuevo acto legislativo promovido por el Gobierno nacional para equilibrar la balanza, y aunque lo establecido originalmente era 46.5 % para las regiones, finalmente se aprobaron transferencias por 39.5 % como una manera de resarcir el daño.
Análisis recientes indican que, en el último año, el Estado central asumió $12 billones en gastos que corresponden a las entidades territoriales. El Gobierno central hizo vías terciarias, hospitales, parques y otros. Finalmente, se ha planteado que el proceso de transferencias debería alcanzar el 39 % en un plazo de 12 años que iniciará en 2027 mediante incrementos anuales y una transición que permita mejorar el recaudo tributario y reducir gastos innecesarios.
El Estado central ha crecido desmesuradamente, es pesado e ineficiente, por eso es momento de tramitar una reforma de largo alcance. Propusimos en la Constituyente que el 46.5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación fuesen transferidos a las regiones y ahora se ha aprobado el 39.5 % que aunque representa una mejora, no es lo ideal. Como establece el artículo 356 de la Constitución, «no se pueden descentralizar competencias sin la previa asignación de recursos fiscales para atenderlas».
Como señaló Carlos Rodado en su discurso de ingreso a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas el pasado 30 de octubre de 2024, “lo justo es avanzar con el Sistema General de Participaciones y darle un golpe de Estado al hipercentralismo”.
