*La Cámara de Representantes aprobó con 90 votos a favor la modificación del artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, reconociendo y consagrando el derecho humano a la alimentación.
Este importante logro es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones de base comunitaria, ONGs, representantes a la Cámara y la sociedad civil, quienes han liderado la lucha por la inclusión de este derecho fundamental. La modificación se dio en el marco del Día de los Derechos Humanos, reafirmando el compromiso de Colombia con la protección de los derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y sus comunidades a una alimentación digna y suficiente, en concordancia con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho fundamental a la protección contra el hambre.
El artículo 65 de la Constitución Política, en su versión anterior, hacía énfasis en la producción de alimentos, pero no abordaba de manera directa el acceso a alimentos saludables y nutritivos. La modificación ahora introduce un enfoque integral que prioriza la seguridad, soberanía y autonomía alimentarias, así como la promoción de un modelo de gobernanza alimentaria basado en los derechos humanos, que reconoce la interculturalidad y la diversidad de las prácticas alimentarias en los territorios.
El texto aprobado establece lo siguiente:
«Artículo 65. El Estado garantizará el derecho humano a la alimentación adecuada, de manera progresiva y salvaguardando la interculturalidad, y a estar protegido contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad, soberanía y autonomías alimentarias en el territorio nacional y generará acciones para minimizar la pérdida de alimentos. La producción y acceso a alimentos gozará de la especial protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo sostenible e integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas, pecuarias, pesqueras, acuáticas y forestales, así como también a la adecuación de tierras, construcción de obras de infraestructura física y logística que facilite la disponibilidad de alimentos en todo el territorio nacional. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y acuícola, con el propósito de incrementar la productividad, así como proteger y salvaguardar los medios e insumos de la actividad.»
Esta modificación constituye un avance histórico, pues otorga un grado de protección constitucional al derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada, asegurando la integración de enfoques interculturales y territoriales en la implementación del derecho.
Este logro también se enmarca dentro de las acciones previstas en el Decreto 684 de 2024, que reglamenta el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (SNGPDA), el programa «Hambre Cero», el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación del Hambre y la Malnutrición (SNSMSHM), y el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición (ODAN).
Es fundamental que el país profundice en la transición del enfoque de seguridad alimentaria al derecho a la alimentación adecuada en las políticas públicas. Esto incluye la actualización de la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN), para contar con cifras y datos precisos que permitan tomar decisiones informadas y avanzar en la construcción de una Política Nacional del Derecho a la Alimentación.
Desde World Vision, con la campaña ‘Suficiente’, con la cual se busca erradicar el hambre y la desnutrición en niñas y niños a nivel global. La organización celebra este gran avance y continuará trabajando para que los territorios puedan asegurar que todos los colombianos, como titulares de derechos, participen activamente en la implementación de esta nueva normativa.
