La Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia investigar a 28 congresistas por su posible implicación en un entramado de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Esta solicitud se produce tras las denuncias presentadas por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien alertó sobre irregularidades en la contratación de dicha entidad. La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, compulsó copias ante la sala de instrucción del alto Tribunal, dando inicio a una investigación que podría destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.
La exasesora Benavides, quien trabajaba con el exministro Ricardo Bonilla, ha expresado su intención de colaborar con la justicia y ha denunciado riesgos de seguridad tras sus revelaciones. Según Benavides, el escándalo de corrupción en el INVÍAS podría ser de mayores proporciones que el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En su testimonio, Benavides relató cómo presuntamente desde el Ministerio de Hacienda se habría dado la orden para direccionar tres contratos de la UNGRD por un valor de 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, en favor de varios congresistas.
Este nuevo caso de corrupción ha generado gran preocupación en la opinión pública, ya que involucra a altos funcionarios y parlamentarios que deberían velar por la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos. La investigación buscará esclarecer las responsabilidades de los implicados y determinar el alcance de las irregularidades denunciadas. La Fiscalía ha manifestado su compromiso de llevar adelante este proceso con rigurosidad y transparencia, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los denunciantes y testigos.
La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar las pruebas y testimonios presentados para determinar si existen méritos suficientes para proceder con la investigación contra los congresistas involucrados. Este proceso podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país, demostrando que nadie está por encima de la ley y que los actos de corrupción no quedarán impunes. La ciudadanía espera que se haga justicia y que los responsables de estos actos sean llevados ante la ley para responder por sus acciones.
