El hombre se encuentra actualmente detenido en Portugal y ha desplegado una ofensiva de recursos para frenar su traslado a territorio colombiano, donde enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Esta situación se suma al escándalo político generado por un presunto intento fallido de aporte económico a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego.
Desde la Fiscalía General de la Nación se han presentado dos solicitudes formales de extradición en su contra. La primera, radicada el 20 de marzo de 2024, dirigida al Reino de España, y la segunda, el 19 de diciembre de 2024, orientada a la República de Portugal. Ambas peticiones buscan que Marín Buitrago sea juzgado en Colombia por su supuesta participación en una red de contrabando que habría sobornado a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, así como a otros funcionarios clave del Estado.
El proceso en Portugal había avanzado con rapidez hasta que su equipo de abogados activó una serie de recursos dirigidos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. En dichos documentos, exigen que las entidades certifiquen el cumplimiento de los requisitos legales para la extradición. Además, han solicitado que se entregue copia de las resoluciones judiciales que fundamentan la solicitud de extradición, incluyendo cualquier medida de aseguramiento o resolución de acusación en firme.
Uno de los puntos clave de la estrategia de defensa es la doble nacionalidad de Marín Buitrago. Oriundo de Palestina, Caldas, también posee ciudadanía española, lo que abre la posibilidad de que el gobierno de España objete la extradición argumentando que su connacional debe ser procesado en su propio territorio. En este sentido, su defensa ha solicitado aclaraciones sobre los requisitos y garantías que se exigirán para que su traslado sea autorizado en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías avaló la formulación de imputación en contra de ‘Papá Pitufo’ e impuso una medida de aseguramiento el pasado 20 de enero bajo la figura de contumacia, es decir, como reo ausente. Aunque sus abogados presentaron una apelación, la resolución judicial sigue en firme, lo que refuerza la posición de la Fiscalía para insistir en la extradición.
Otro elemento que ha sido introducido en la batalla legal de Marín Buitrago es el cuestionamiento a la situación carcelaria en Colombia. En uno de los requerimientos presentados por su defensa, se busca certificar si el Estado ha superado el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte Constitucional sobre el sistema penitenciario. Este argumento pretende evidenciar que, de ser extraditado, Marín podría enfrentar condiciones de reclusión que vulnerarían sus derechos fundamentales.
Este tipo de estrategias legales no son nuevas en casos de extradición. En reiteradas ocasiones, abogados de personas solicitadas en extradición han recurrido a recursos similares para evitar que sus clientes sean trasladados a Colombia. La defensa de Marín ha argumentado que el Ministerio de Justicia ha respondido de manera evasiva y con información inexacta, lo que, según ellos, constituye una violación del derecho fundamental de petición de su cliente.
Paralelamente, Portugal también está evaluando una solicitud de asilo presentada por Marín. Sin embargo, penalistas han advertido que este mecanismo suele estar reservado para personas perseguidas por razones políticas y no para individuos procesados por delitos de contrabando o corrupción. «El asilo es para quienes están siendo perseguidos por su ideología, nacionalidad o pertenencia a un grupo vulnerable. En este caso, Marín enfrenta cargos por contrabando y sobornos, lo que reduce significativamente sus posibilidades de obtener protección internacional», explicó el jurista Francisco Bernate.
Todo indica que la estrategia final de su defensa es lograr que España asuma su caso y niegue su extradición a Colombia, argumentando que, como ciudadano español, debe ser procesado en territorio ibérico. Esta posibilidad no puede descartarse, pues existen antecedentes de casos en los que un país se ha negado a extraditar a uno de sus nacionales. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con su ofensiva legal para garantizar que Marín responda ante la justicia en Colombia.
El año pasado, la defensa del presunto ‘zar del contrabando’ también intentó anular la orden de captura que pesaba en su contra, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ahora, con una posible extradición en el horizonte, el futuro judicial de Marín Buitrago sigue en vilo mientras su equipo legal sigue explorando vías para evitar su regreso al país.