Desde la firma del decreto de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro para atender la crisis de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, el Congreso de la República ha protagonizado un intenso debate sobre su articulado. El enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias, pero su implementación no ha estado exenta de controversia.
En respuesta al decreto, el Congreso anunció sesiones extraordinarias para discutir su contenido. A través de un comunicado oficial, el presidente del Congreso, Efraín José Cepeda Sarabia, y el vicepresidente, Jaime Raúl Salamanca Torres, convocaron a ambas cámaras a sesiones especiales para analizar el informe que debe presentar el Gobierno. Esta medida se fundamenta en el artículo 213 de la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y la Ley 137 de 1994.
Sin embargo, la discusión tomó un giro inesperado cuando el 7 de febrero de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunció que el Gobierno nacional decidió no convocar sesiones extraordinarias. Según Salamanca, la Cámara abordará el tema en sesiones ordinarias a partir del 16 de febrero, mientras que el Senado continuará con el debate del decreto de manera independiente.
La decisión de Salamanca generó incertidumbre sobre la rapidez con la que se discutirá el articulado. Adicionalmente, la falta de entrega de los decretos complementarios por parte del Gobierno dificultó aún más el análisis parlamentario. En este contexto, se produjo un fuerte intercambio de declaraciones entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Cepeda criticó la falta de documentos clave para el estudio del decreto y exigió que se nombre una comisión accidental con representación de todos los partidos para evaluar el texto. Ante esto, el ministro Cristo respondió con dureza, sugiriendo que Cepeda no había sido bien asesorado sobre el proceso. Cristo recordó que el Ejecutivo tiene hasta 90 días para expedir los decretos derivados de la declaración de conmoción interior y que estos deben analizarse de manera detallada y sin precipitaciones.
«El poder Ejecutivo tiene todo el derecho para estudiar sin afanes los decretos y garantizar que estos cumplan con todos los requisitos instaurados por la Corte Constitucional», enfatizó Cristo, subrayando que el Gobierno trabaja con celeridad para entregar los documentos al Congreso lo más pronto posible.
Mientras el debate sigue abierto, la incertidumbre sobre el futuro del decreto persiste. Con el Senado avanzando en la discusión sin la participación inmediata de la Cámara y sin la documentación completa, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo podrían seguir escalando en los próximos días.
