La detención de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, ha generado un fuerte impacto en el proceso de paz que el Gobierno colombiano mantiene con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La acción se produjo en un hotel de Bogotá, donde se habían reunido los negociadores del Gobierno y los representantes del grupo armado al finalizar el tercer ciclo de conversaciones.
Alias Araña fue requerido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en virtud de una circular roja de Interpol emitida por una Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos. La acusación se basa en su presunta participación en el envío reciente de cocaína a ese país. A pesar de que la Fiscalía había suspendido las órdenes de captura en su contra en Colombia mediante la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024, esta medida no se extendió a las alertas internacionales.
El operativo despertó reacciones inmediatas dentro del proceso de negociación. Otty Patiño, comisionado para la paz de Colombia, se trasladó al sitio para asumir el manejo de la situación, que podría afectar los diálogos con la disidencia. Desde la Fiscalía se aseguró que no se trató de una captura, sino de una retención en cumplimiento de compromisos internacionales. Un agente del CTI señaló que “No lo llevamos capturado, sino retenido”, una diferenciación técnica que no ha evitado la controversia política y diplomática.
El incidente ha expuesto un punto crítico en las negociaciones de paz, que han sido vistas como una oportunidad para reducir la violencia en las regiones controladas por estos grupos armados. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conformada por los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, busca acuerdos en transformaciones territoriales, seguridad para comunidades, seguridad jurídica para sus integrantes y participación política.
Desde finales de 2024, las negociaciones han avanzado con un esquema rotatorio de sedes dentro de Colombia, con sesiones previas en Puerto Asís, Putumayo, y en Nariño, donde estos grupos tienen fuerte presencia. Sin embargo, la retención de alias Araña introduce un nuevo desafío: equilibrar las exigencias internacionales de lucha contra el crimen organizado con la voluntad del Gobierno colombiano de sostener el diálogo con estos actores.
La retención de Rojas también reabre el debate sobre la capacidad del Estado para negociar con grupos armados sin interferencias externas. Mientras el Gobierno busca consolidar acuerdos que reduzcan la violencia y el narcotráfico en el país, Estados Unidos sigue ejerciendo presión para la extradición de cabecillas involucrados en delitos transnacionales.
La incertidumbre sobre el futuro de alias Araña podría generar fricciones en la mesa de negociaciones. A pesar de que la Fiscalía colombiana señaló que la circular roja de Interpol sigue vigente, algunos sectores argumentan que su retención podría interpretarse como una violación a los acuerdos de cese de hostilidades y negociaciones de paz.
El caso de alias Araña será una prueba de fuego para el proceso de paz del Gobierno, que se enfrenta al difícil reto de garantizar la seguridad jurídica de los negociadores sin entrar en conflicto con los compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Las próximas semanas serán determinantes para conocer el desenlace de este episodio y su impacto en las negociaciones en curso.