La escasez de medicamentos y la respuesta del Gobierno han desencadenado un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el sistema judicial sobre la legalidad de allanar farmacias y bodegas farmacéuticas.
El país enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes, con pacientes desesperados que recorren dispensarios en busca de medicamentos esenciales. En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra las farmacéuticas, señalándolas de «acaparar la insulina» y ordenando a la Superintendencia de Salud que realice inspecciones en sus bodegas. Pero sus declaraciones fueron más allá: afirmó que, de ser necesario, se procedería con allanamientos con el apoyo de la Policía y el Ejército.
Estas palabras encendieron un debate nacional sobre los límites del poder presidencial. Mientras Petro argumenta que su orden se basa en la defensa del derecho a la salud, expertos en derecho penal y constitucional, como Iván Cancino y Francisco Bernate, advierten sobre una grave extralimitación de funciones. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, recordó que, según el Código de Procedimiento Penal, los allanamientos solo pueden ser autorizados por un juez a solicitud de la Fiscalía, con base en una investigación formal.
“El Presidente no tiene facultades para ordenar allanamientos ni puede utilizar a la Fuerza Pública para irrumpir en propiedad privada sin una orden judicial”, afirmó Cancino, advirtiendo que una acción de este tipo podría derivar en consecuencias legales para el Gobierno. El Código Penal establece que los allanamientos solo pueden realizarse bajo condiciones específicas, como la sospecha de que en el lugar hay pruebas de un delito o cuando el propietario del inmueble es investigado penalmente.
Más allá de la controversia legal, la Superintendencia de Salud sí cuenta con atribuciones para realizar inspecciones administrativas en farmacias y dispensarios, aunque estas tienen un carácter meramente supervisivo y no permiten la incautación de productos ni la intervención de la fuerza pública. En agosto pasado, la entidad realizó una visita a la sede de Audifarma en Bucaramanga, determinando que algunos medicamentos no estaban siendo entregados a pesar de su disponibilidad.
El trasfondo de esta crisis no es nuevo. Desde hace meses, pacientes con enfermedades huérfanas, VIH y cáncer han denunciado la falta de medicamentos esenciales. En octubre de 2024, grupos de afectados protestaron frente al Ministerio de Salud exigiendo soluciones inmediatas. La Procuraduría, por su parte, ha señalado directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como responsable de la crisis. En enero, el organismo formuló pliego de cargos en su contra por omisión en la gestión de abastecimiento de medicamentos.
El gremio Acemi, que agrupa a las EPS, ha alertado sobre el problema desde 2022, indicando que las medidas tomadas por el Gobierno han sido insuficientes. Según la Procuraduría, solo el 15 % de los casos de desabastecimiento han sido resueltos, mientras que la crisis continúa agravándose.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales plantea interrogantes sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud y el respeto a los procedimientos legales. Mientras el Gobierno insiste en tomar medidas drásticas para enfrentar la crisis, los organismos de control advierten sobre la necesidad de actuar dentro del marco legal. La discusión sigue abierta y deja en evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso a los medicamentos sin vulnerar el Estado de derecho.