Mientras el sistema de salud enfrenta tensiones por la reforma y el financiamiento, la falta de acceso a tratamientos vitales preocupa a pacientes y gremios médicos.
Colombia atraviesa una crisis de desabastecimiento de medicamentos que ha puesto en riesgo la continuidad de tratamientos para miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y de alto costo. El problema, que lleva más de dos años en aumento, ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de gremios de la salud, pacientes y organismos de control. Sin embargo, las soluciones aún parecen lejanas, mientras los afectados denuncian demoras en la entrega de fármacos vitales en distintas regiones del país.
La Procuraduría General de la Nación formuló recientemente pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas omisiones en la gestión de esta crisis. Según el ente de control, el ministro no implementó las acciones necesarias para mitigar el desabastecimiento, a pesar de que el problema fue advertido desde 2022. La situación se agravó con el represamiento de más de 27.000 expedientes de registros sanitarios en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lo que ha retrasado la entrada de nuevos medicamentos al mercado.
El informe más reciente del Invima, de noviembre de 2024, confirma que la escasez afecta particularmente a medicamentos oncológicos y fármacos para enfermedades como la hipertensión arterial. Las razones detrás del problema son múltiples: el incremento en la demanda, el encarecimiento de insumos, barreras en la cadena de suministro y el desfinanciamiento del sistema de salud. También influyen las dificultades en la aprobación de registros sanitarios, lo que limita la oferta de productos en el mercado.
Divergencias sobre las causas
El desabastecimiento de medicamentos ha generado tensiones entre el Gobierno y el sector farmacéutico. Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, explica que el problema responde a presiones políticas y económicas. Por un lado, la incertidumbre generada por la reforma a la salud ha llevado a los laboratorios a adoptar una postura más conservadora, limitando la distribución de ciertos fármacos. Por otro lado, el desfinanciamiento del sistema de salud ha afectado la capacidad de las EPS para garantizar el suministro de medicamentos a sus afiliados.
Según Vaca, en Colombia se ha consolidado un modelo en el que el acceso a la salud se mide en gran parte por la disponibilidad de medicamentos, lo que genera altos costos para el sistema. La investigadora también advierte que la entrega de fármacos no está adaptada a las necesidades territoriales, lo que agrava la crisis en regiones apartadas donde la infraestructura sanitaria es limitada.
El papel de la UPC en la crisis
Uno de los principales puntos de debate en torno a la crisis de medicamentos es la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado destina para la atención en salud de cada ciudadano. La Corte Constitucional determinó que los recursos asignados a la UPC han sido insuficientes en los últimos años, lo que ha afectado la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población. Ante esto, el Gobierno ordenó un reajuste del 5.36 % para 2025, aunque expertos advierten que esta medida podría no ser suficiente para resolver el problema.
La profesora Vaca señala que la falta de transparencia en el cálculo de la UPC genera incertidumbre tanto en el sector salud como en la industria farmacéutica. «La manera en que se calcula no es clara, lo que alimenta el discurso de que las EPS están en riesgo. Esta falta de claridad preocupa, porque ninguna administración ha manejado bien este tema», indica.
Desde la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), la directora Clara Isabel Rodríguez advierte que la situación es crítica debido al envejecimiento de la población y el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. «Colombia tiene un sistema que garantiza el acceso a medicamentos, pero la demanda ha crecido exponencialmente y el sistema no está preparado para sostenerlo», señala Rodríguez.
Propuestas para solucionar la crisis
Para enfrentar el problema, expertos y representantes del sector salud han propuesto diversas soluciones. Una de ellas es fortalecer la producción local de medicamentos para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. También se ha planteado la necesidad de diversificar las fuentes de compra y modernizar la infraestructura de distribución, en especial en regiones con mayores dificultades de acceso.
Otra de las propuestas es modificar el modelo de entrega de medicamentos, evitando la intermediación excesiva de gestores farmacéuticos. Actualmente, estos actores regulan la distribución de fármacos entre laboratorios, EPS y pacientes, lo que, según algunos expertos, genera sobrecostos y demoras innecesarias.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que la reforma a la salud buscará garantizar la estabilidad del sistema y mejorar la eficiencia en la entrega de medicamentos. Sin embargo, la falta de claridad en la implementación de estas medidas ha generado incertidumbre entre los actores del sector.
El debate sigue abierto y, mientras tanto, miles de pacientes en el país continúan enfrentando dificultades para acceder a sus tratamientos. La solución a la crisis requerirá un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la industria farmacéutica y el sector salud, con medidas que garanticen el acceso oportuno y equitativo a los medicamentos esenciales.