La administración revoca el permiso humanitario CHNV y desata una nueva ola de incertidumbre para miles de familias.
La administración de Donald Trump ha dado un nuevo golpe a la política migratoria estadounidense con la decisión de revocar el estatus legal de 532.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela acogidos al programa CHNV. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la medida entrará en vigor el 24 de abril, dejando a más de medio millón de migrantes en riesgo de deportación inmediata.
El programa CHNV, establecido bajo el mandato de Joe Biden, permitió a los migrantes de estos cuatro países obtener permisos temporales para ingresar a EE.UU. mediante un sistema de patrocinio y estrictos controles. Fue concebido como una respuesta humanitaria para frenar la migración irregular y aliviar la presión en la frontera sur. Sin embargo, la administración Trump lo ha calificado de incentivo para la inmigración masiva y ha optado por su cancelación.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, defendió la medida asegurando que el programa “siempre fue temporal” y que la actual administración busca restablecer el orden en las políticas migratorias. No obstante, la decisión ha generado un rechazo generalizado entre defensores de los derechos humanos, abogados de inmigración y diversas organizaciones que han advertido sobre la crisis humanitaria que podría desencadenarse.
Welcome.US, organización que asiste a refugiados en Estados Unidos, ha recomendado a los afectados buscar asesoramiento legal de inmediato, ya que algunos casos podrían calificarse para protecciones alternativas. Entretanto, la medida ya enfrenta demandas en tribunales federales, con grupos de ciudadanos y organizaciones de derechos civiles argumentando que el cierre del CHNV viola los principios básicos del derecho internacional en materia de protección a refugiados.
Las implicaciones de esta decisión no solo afectan a los migrantes directamente involucrados, sino que también generan un impacto político y diplomático con los países afectados. Gobiernos de América Latina han manifestado su preocupación, ya que el retorno masivo de ciudadanos podría representar una crisis económica y social en la región.
En paralelo, Trump ha adelantado que su administración pronto evaluará si revoca el permiso humanitario concedido a 240.000 ucranianos que huyeron a EE.UU. tras la invasión rusa. La incertidumbre sobre el futuro de estos programas refuerza la percepción de que el gobierno busca una política de deportaciones masivas sin precedentes en la historia del país.
Mientras se desarrolla la batalla legal en los tribunales, los migrantes afectados enfrentan un escenario de incertidumbre total. Muchos han establecido raíces en EE.UU., tienen empleos, familias y contribuyen activamente a la economía. La decisión de la Casa Blanca no solo amenaza su permanencia, sino que podría redefinir el rumbo de la política migratoria estadounidense en los próximos años.
