Colombia podría enfrentar serias repercusiones económicas y diplomáticas si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide descertificar al país debido al incumplimiento de compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Las consecuencias incluirían el congelamiento de la ayuda económica, restricciones comerciales y el bloqueo de préstamos en organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Impacto de una posible descertificación
Según estimaciones, Colombia podría perder al menos el 50 % de la asistencia económica que recibe de EE. UU. Además, el país enfrentaría dificultades para acceder a financiamiento internacional, lo que afectaría su estabilidad macroeconómica y su capacidad de inversión en áreas estratégicas.
Si la descertificación es total, las sanciones serían aún más severas. Esto incluiría restricciones en la cooperación militar, inteligencia y lucha contra el terrorismo, así como limitaciones en acuerdos comerciales preferenciales. Además, el gobierno estadounidense podría imponer sanciones sobre instituciones bancarias y funcionarios gubernamentales con presuntos vínculos con el narcotráfico o la corrupción.
El mecanismo de certificación y sus implicaciones
El proceso de certificación en la lucha contra las drogas está regulado por el Acto para la Asistencia Extranjera de 1961 y el Acto de Autorización de la Ayuda Extranjera de 2003. Estas leyes otorgan al presidente de EE. UU. la facultad de evaluar anualmente el desempeño de los países en la lucha contra el narcotráfico y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones económicas y diplomáticas.
Las secciones 490 y 706 de estas normativas establecen que los países clasificados como principales productores o traficantes de drogas pueden ser objeto de restricciones automáticas en la ayuda económica y el acceso a financiamiento internacional. En el caso de una descertificación total, el bloqueo de recursos sería absoluto, lo que afectaría tanto la economía colombiana como la cooperación bilateral en seguridad y defensa.
Un escenario incierto para Colombia
El riesgo de descertificación ha aumentado tras las recientes declaraciones del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, quien reconoció la posibilidad de que EE. UU. imponga sanciones. Además, el último informe sobre drogas del Departamento de Estado de EE. UU. señaló que Colombia debe redoblar esfuerzos para erradicar los cultivos de coca, que han alcanzado niveles históricos de más de 250.000 hectáreas, según datos de la ONU.
Desde 2003, el mecanismo de certificación fue modificado para evitar tensiones con países aliados, permitiendo que solo se publique una lista de los principales productores y traficantes de drogas sin necesidad de una evaluación anual de su desempeño. No obstante, aquellos que incumplan de manera evidente pueden ser incluidos en una «lista negra», como ocurrió con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.
Aunque el presidente de EE. UU. puede omitir sanciones si considera que afectan la seguridad nacional, la postura de Trump sugiere que es poco probable que haga una excepción con Colombia.
Tensiones en la relación bilateral
Este posible escenario se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. La administración de Trump ha reiterado la necesidad de intensificar la lucha contra el narcotráfico, mientras que el gobierno de Gustavo Petro ha sido cuestionado por la falta de avances significativos en la erradicación de cultivos ilícitos.
Si Colombia es descertificada, la relación bilateral podría deteriorarse aún más, debilitando la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, las sanciones económicas y comerciales podrían afectar el comercio entre ambos países y los acuerdos preferenciales de los que Colombia se ha beneficiado durante años.
La decisión final de Trump se espera para septiembre y podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países. De concretarse la descertificación, Colombia no solo enfrentaría un golpe económico severo, sino también un aislamiento diplomático que complicaría su acceso a financiamiento y cooperación internacional en el futuro.