La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía desmantelan una red criminal dedicada al robo de tierras en Barranquilla y Soledad. Entre los capturados se encuentran funcionarios públicos y actores clave en la apropiación ilegal de terrenos, marcando un hito en la lucha contra la corrupción.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se logró la captura de 17 personas, incluyendo a nueve funcionarios públicos, por su participación en una red dedicada al robo de tierras en Barranquilla y Soledad. Este golpe a la corrupción fue anunciado por el presidente Gustavo Petro, quien destacó la importancia de esta acción para proteger los derechos de las comunidades vulnerables.
Entre los detenidos se encuentran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de Policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad. Estas personas enfrentan cargos por peculado por apropiación, prevaricato, cohecho, asociación para delinquir, urbanización ilegal y estafa agravada.
La investigación, que comenzó en 2023, reveló cómo esta red utilizaba su influencia para apropiarse de terrenos y venderlos de manera fraudulenta, afectando a numerosas familias. Según las autoridades, la operación continuará con 16 imputaciones adicionales, alcanzando un total de 33 personas judicializadas.
El presidente Petro enfatizó que esta red estaba vinculada a la clase política regional y destacó el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción. «Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, hemos capturado a quienes constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos», afirmó.
Entre los capturados se encuentran figuras clave como Iván Páez, registrador de Soledad; José Pacheco, calificador de instrumentos públicos; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás. También fueron detenidos abogados, inspectores de Policía y agentes corruptores que facilitaban las operaciones ilegales.
Los nuevos avances en el proceso de judicialización refuerzan el mensaje de cero tolerancia hacia la corrupción. La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que se están tomando medidas para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas, así como la necesidad de proteger los derechos de las comunidades afectadas por prácticas corruptas. La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad para las autoridades, marcando un camino hacia una gestión más ética y responsable en el Atlántico.
