La solicitud del gobierno estadounidense desata críticas por el uso de una ley de 1789 y acuerdos con El Salvador en medio de tensiones migratorias
El gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante el bloqueo temporal que impide la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, en un movimiento que ha generado intensas críticas y debates sobre la legalidad y ética de las políticas migratorias. La petición, presentada el sábado por el procurador general John Sauer, busca reanudar los vuelos de expulsión y permitir que las cortes de menor instancia aborden el caso.
La controversia radica en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1789 diseñada para tiempos de guerra, que el gobierno ha utilizado para justificar las deportaciones. Según Trump, los migrantes venezolanos están vinculados al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que ha sido calificada como terrorista. Sin embargo, expertos legales y la oposición demócrata han cuestionado el uso de esta ley arcaica, calificándolo como una crisis constitucional.
El recurso del gobierno argumenta que la demanda de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) fue prematura y que los migrantes fueron notificados con antelación sobre el proceso de deportación. A pesar de estas afirmaciones, el bloqueo temporal emitido por el Supremo ha detenido las expulsiones, generando incertidumbre sobre el futuro de los migrantes detenidos en Texas.
En paralelo, Washington ha establecido un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a los migrantes al CECOT, una prisión conocida por denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, Estados Unidos pagará 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño. Hasta la fecha, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido enviados a esta cárcel bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.
La situación ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos humanos en el contexto de las políticas migratorias. Mientras el gobierno defiende sus acciones como necesarias para la seguridad nacional, críticos advierten sobre el impacto de estas medidas en la reputación internacional de Estados Unidos y en la vida de los migrantes afectados.
El caso ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si levanta el bloqueo y permite que las deportaciones continúen. En un momento de tensiones políticas y sociales, la resolución de este caso podría sentar un precedente significativo para el manejo de la migración en el país. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan con atención, conscientes de que las decisiones tomadas en este proceso tendrán implicaciones profundas y duraderas.