La Corte Suprema ordenó su captura por corrupción y peculado. El escándalo sacude al Congreso.
La caída de uno de los pesos pesados del Congreso colombiano se consumó esta semana. Iván Name, expresidente del Senado y figura de larga trayectoria política, fue capturado y trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá tras una orden emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El motivo: su presunta participación en un escandaloso entramado de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El operativo, discreto pero contundente, se llevó a cabo en la mañana del miércoles en su apartamento ubicado al norte de la capital. Una fotografía del momento muestra a un uniformado de la Policía Nacional leyéndole sus derechos, mientras Name, con rostro resignado, asume el inicio de una etapa judicial que podría poner fin a su carrera política.
La decisión judicial también recayó sobre el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quien se le dictó la misma medida de aseguramiento. Ambos serán procesados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en relación con el presunto desvío millonario de recursos públicos desde la UNGRD.
Detrás de esta acusación se encuentran los testimonios clave de Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos altos funcionarios de la entidad de gestión de riesgos. Según sus declaraciones, Name y Calle habrían recibido beneficios económicos a cambio de facilitar el avance de reformas estratégicas para el Gobierno en el Congreso.
El magistrado Francisco Farfán, encargado del proceso, convocó dos sesiones los días 6 y 7 de mayo, en las cuales se discutieron los indicios y pruebas aportadas. La conclusión: era necesario proceder con una medida restrictiva de libertad para evitar posibles obstrucciones a la justicia o manipulación de evidencias.
La tensión política se hizo evidente este martes, cuando Iván Name, visiblemente afectado, tomó la palabra en el Senado en un discurso que muchos interpretaron como su despedida del escenario legislativo. “El país conocerá la verdad”, dijo sin dar más detalles, antes de abandonar el recinto por última vez como senador en ejercicio.
Este nuevo capítulo judicial no solo golpea la imagen del Congreso, sino que aviva el debate sobre la penetración de la corrupción en las más altas esferas del poder público. La opinión pública exige respuestas y justicia. El caso apenas comienza, pero su impacto político ya es innegable.
