El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al caso del secuestro de Lyan Hortúa, un niño de 11 años que fue raptado en Jamundí, Valle del Cauca, y liberado recientemente tras el pago de una millonaria suma de dinero por parte de su familia. La situación tomó un giro aún más trágico con el asesinato de Jesús Antonio Cuadros Osorno, primo del padrastro del menor, quien habría sido el encargado de entregar el dinero exigido por los captores.
Un secuestro con trasfondo criminal
El mandatario condenó el secuestro y señaló que los responsables del crimen responden a una “lógica típica de los narcotraficantes”, haciendo referencia a la presunta participación de disidencias de las FARC en el hecho. Petro enfatizó que Lyan no tiene la culpa y que, como niño, debe ser respetado. “Si algo hay que proteger, son los derechos del niño, que hoy está libre, sano y salvo”, expresó el presidente a través de su cuenta en X (antes Twitter).
Críticas y cuestionamientos
El pago de más de 4.000 millones de pesos por la liberación del menor ha generado indignación en la opinión pública, pues evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos sin que estos deban recurrir a negociaciones con grupos criminales. Además, el asesinato de Cuadros Osorno ha avivado el debate sobre la influencia del narcotráfico en la violencia que azota al país.
Sectores de la oposición han aprovechado la coyuntura para exigir resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del Gobierno, incluso sugirió que el presidente debería someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos tras su discurso en Barranquilla, donde abordó el caso.
El desafío del Gobierno
Este caso ocurre en un momento clave para el Gobierno, que busca avanzar en negociaciones con grupos armados ilegales en el marco de su política de “paz total”. Sin embargo, la persistencia de prácticas como el secuestro extorsivo pone en duda la viabilidad de estos diálogos y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por ahora, Lyan Hortúa se encuentra con su familia, pero las heridas emocionales y el debate sobre el papel del Estado en su protección siguen abiertos. La sociedad colombiana espera respuestas y medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan.
