La Contraloría advierte sobre posibles irregularidades y exige explicaciones al Gobierno
Barranquilla—El uso de una aeronave de la Policía Nacional para transportar influenciadores afines al Gobierno a un evento en Barranquilla ha desatado una polémica que involucra a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Interior. La medida, según críticos, plantea interrogantes sobre la legalidad y justificación de la movilización de civiles en una aeronave institucional.
El ente de control dirigió un requerimiento formal al ministro del Interior, Armando Benedetti, exigiendo una explicación detallada sobre los motivos que sustentaron el traslado. “Solicito información relacionada con hechos recientes conocidos a través de medios de comunicación, según los cuales un grupo de influenciadores y seguidores del Gobierno nacional habría sido transportado en una aeronave de la Policía Nacional a Barranquilla. Esta situación genera dudas sobre la legalidad, justificación y respaldo administrativo de dicho traslado”, señala la misiva oficial.
Ante las inquietudes de la Contraloría, el subdirector de la Policía Nacional, general Rosemberg Novoa, justificó el operativo alegando que se llevó a cabo bajo el marco de un convenio interadministrativo firmado el 21 de febrero con el Ministerio del Interior. “Quiero informar que se trata de un convenio interadministrativo que se ha hecho con el Ministerio del Interior”, expresó el oficial.
El convenio, según Novoa, contempla el transporte de funcionarios y personal autorizado por el Ministerio para cumplir con labores institucionales. Sin embargo, la controversia radica en la inclusión de creadores de contenido digital dentro de esta categoría.
A medida que se intensifican los cuestionamientos por el uso de recursos públicos en actividades aparentemente ajenas a la seguridad y administración estatal, el Ministerio del Interior deberá rendir cuentas sobre el alcance y finalidad de la operación. Mientras tanto, la oposición sigue exigiendo mayor transparencia en el manejo de los bienes públicos y un esclarecimiento exhaustivo de los hechos.
