El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes 20 de enero la declaración del Estado de conmoción interior para atender la grave situación de orden público en la región del Catatumbo, afectada por enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Esta medida, sustentada en el artículo 213 de la Constitución Nacional, busca restablecer la seguridad en los municipios fronterizos con Venezuela y poner fin a una crisis que también incluye ataques dirigidos contra firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
En un mensaje publicado en su perfil de X (anteriormente Twitter), el mandatario resaltó la necesidad de implementar acciones extraordinarias para contener la violencia en la zona. “Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Se declara el Estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo”, escribió Petro.
El conflicto en el Catatumbo se ha intensificado en las últimas semanas debido a los enfrentamientos entre el ELN, bajo el mando de Manuel Pérez Martínez, y el frente 33 de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Mendoza Díaz, alias “Calarcá”. Además, el llamado “plan pistola” contra excombatientes firmantes de paz ha exacerbado el clima de inseguridad en la región, afectando también a comunidades vulnerables.
¿Qué implica el Estado de conmoción interior?
El Estado de conmoción interior es una medida excepcional que otorga al Ejecutivo facultades especiales para emitir decretos con fuerza de ley y tomar decisiones orientadas a restablecer el orden. Según el artículo 213 de la Constitución, su vigencia inicial es de 90 días, prorrogables por un periodo igual, siempre sujeto a la revisión de la Corte Constitucional.
Esta declaratoria fue precedida por un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, tras la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta el 19 de enero, donde el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército Nacional, general Luis Cardozo, analizaron las posibles respuestas al deterioro de la seguridad. Velásquez enfatizó que esta medida no solo permite incrementar la presencia de la fuerza pública, sino también canalizar recursos destinados a atacar las causas estructurales de la violencia.
Escalada de violencia en otras regiones
Además del Catatumbo, otras zonas del país también enfrentan graves problemas de orden público. En el departamento del Guaviare, se reportaron enfrentamientos entre dos facciones de disidencias de las Farc, lideradas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, que dejaron un saldo de 20 muertos en el municipio de El Calamar. Las víctimas, entre las que se incluyen 15 hombres y 5 mujeres, fueron trasladadas a la morgue de San José del Guaviare para su identificación.
Perspectivas y retos del Gobierno
La declaración del Estado de conmoción interior también incluye un componente económico que permitirá al Gobierno destinar recursos a programas de desarrollo en las regiones afectadas por la violencia. El presidente Petro ha enfatizado en varias ocasiones que el copamiento militar debe ir acompañado de transformaciones estructurales que generen oportunidades y condiciones de paz duraderas para las comunidades.
No obstante, esta medida plantea retos significativos, como evitar posibles abusos de poder y garantizar que las acciones tomadas bajo este estado excepcional respeten los derechos humanos. La Corte Constitucional, como máxima autoridad en el control de este tipo de medidas, será clave para monitorear su implementación.
Con esta declaratoria, el Gobierno de Petro busca frenar una crisis que, además de amenazar la seguridad nacional, pone en entredicho los esfuerzos por consolidar la Paz Total, una de las principales banderas de su administración. Resta por ver si las medidas extraordinarias lograrán contener la ola de violencia y abrir el camino hacia una solución integral para las comunidades afectadas por el conflicto armado.
