La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha revelado una situación alarmante que evidencia la grave crisis humanitaria que enfrentan niños y adolescentes en varias regiones de Colombia. Según su denuncia, menores de edad están optando por quitarse la vida ante el temor de ser reclutados por grupos armados ilegales. Esta situación es especialmente preocupante en departamentos como Chocó y Cauca, donde la presencia de estos grupos ha generado un clima de terror entre las comunidades.
Durante una entrevista con Noticias RCN, la ministra Buitrago alertó sobre el aumento de casos de reclutamiento forzado de menores y las trágicas consecuencias que esto ha traído. «Se ha exacerbado el tema del reclutamiento en algunas zonas. Chocó, por ejemplo, es un tema donde nos preocupa muchísimo y hemos conocido hechos que llevan a que los niños se suiciden con tal de no ser reclutados», declaró la alta funcionaria.
Este desgarrador testimonio pone en el centro del debate la vulnerabilidad de la infancia en zonas rurales y apartadas, donde la falta de presencia estatal y las disputas territoriales entre grupos armados han convertido a los menores en víctimas directas del conflicto.
El caso de Chocó y Cauca: epicentros de la violencia contra menores
Las regiones mencionadas por la ministra han sido históricamente golpeadas por la violencia y el abandono estatal. En Cauca, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores ha alcanzado niveles alarmantes, con reportes de comunidades que denuncian cómo los grupos armados llegan a sus territorios y obligan a los niños a unirse a sus filas bajo amenazas de muerte.
Un testimonio recogido por SEMANA evidencia el horror que viven estas comunidades. Un sobreviviente de una masacre en la que nueve menores fueron asesinados relató: «Mis compañeros tenían entre 13 y 14 años. Les amarraron los pies y les dispararon». Este crimen, ocurrido en Cauca, refleja la crueldad con la que operan estos grupos ilegales y la total indefensión de los niños atrapados en medio del conflicto.
En muchas ocasiones, los menores reclutados son utilizados como combatientes, informantes o incluso como esclavos sexuales. Las comunidades han denunciado repetidamente estos atropellos, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para frenar esta práctica.
Una crisis humanitaria que exige acción inmediata
Las declaraciones de la ministra de Justicia han encendido las alarmas sobre la urgencia de tomar medidas concretas para proteger a los menores en riesgo. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al Estado colombiano fortalecer la presencia institucional en estas zonas y garantizar la seguridad de las comunidades. Además, han pedido la implementación de programas de prevención y protección que brinden alternativas reales a los niños y adolescentes vulnerables.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el reclutamiento forzado de menores ha ido en aumento en los últimos años, con cientos de casos documentados en diferentes regiones del país. Sin embargo, muchas de estas situaciones no son reportadas por miedo a represalias, lo que hace que el problema sea aún más complejo de abordar.
El llamado de la comunidad internacional y la necesidad de políticas públicas efectivas
Ante la magnitud de esta crisis, distintos organismos internacionales han instado a Colombia a reforzar sus políticas de protección infantil y a garantizar que los responsables del reclutamiento de menores sean llevados ante la justicia. La Corte Penal Internacional, la ONU y distintas ONGs han expresado su preocupación e insistido en que el país debe cumplir con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y protección de la infancia.
Mientras tanto, en comunidades como las de Chocó y Cauca, el miedo sigue latente. Niños y adolescentes continúan viendo sus vidas truncadas por un conflicto que parece no tener fin. La denuncia de la ministra Buitrago no debe quedar en palabras; es necesario que el gobierno y las instituciones pertinentes tomen acciones concretas para frenar esta tragedia y garantizar que ningún menor tenga que enfrentar el horror del reclutamiento forzado o tomar decisiones extremas para escapar de él.
El futuro de Colombia depende de sus niños. Protegerlos debe ser una prioridad nacional, no solo por un compromiso con los derechos humanos, sino porque son la esperanza de un país que anhela la paz y la justicia.
