Testimonios de exparamilitares señalan al exciclista colombiano en un caso que sacude al país y exige respuestas judiciales
El nombre de Lucho Herrera, una leyenda del ciclismo colombiano, ha quedado envuelto en una grave acusación que ha conmocionado al país. Según declaraciones de exparamilitares, el exciclista estaría vinculado con la desaparición forzada y muerte de cuatro personas en Fusagasugá, en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002. La justicia ha ordenado investigar su presunta participación en estos crímenes, tras la condena de Luis Fernando Gómez, alias «Ojitos», a 22 años y medio de prisión por su papel en los mismos.
Alias «Ojitos», exintegrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, declaró en varias ocasiones que Herrera habría solicitado la eliminación de estas personas, identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres. Según Gómez, los crímenes fueron ejecutados por paramilitares que se hicieron pasar por agentes del desaparecido DAS, y las víctimas habrían sido enterradas en una finca propiedad de Herrera.
Las declaraciones de Gómez, realizadas en 2013, 2018 y 2022, fueron corroboradas por otros exparamilitares como Héctor Díaz Gaitán, alias «Camargo», y Óscar Andrés Huertas, alias «Menudencias». Estos testimonios detallan reuniones entre Herrera y líderes paramilitares, así como pagos realizados por el exciclista para adquirir armas y motocicletas. Además, señalan que las víctimas no eran milicianos de la guerrilla, como inicialmente se afirmó, sino propietarios de tierras que Herrera habría buscado adquirir.
El caso ha generado un intenso debate sobre la veracidad de los testimonios y la posible implicación de Herrera en estos hechos. Mientras algunos defienden su inocencia, otros exigen una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad. La Fiscalía ahora tiene la tarea de determinar si las acusaciones tienen fundamento o si se trata de un intento de desprestigio contra el exciclista.
La gravedad de las acusaciones y los detalles proporcionados por los exparamilitares han puesto en el centro de atención la relación entre figuras públicas y grupos armados en Colombia. Este caso no solo afecta la imagen de Herrera, sino que también reabre heridas sobre el impacto del conflicto armado en el país y la lucha por la justicia para las víctimas de desapariciones forzadas.
En medio de la controversia, las familias de las víctimas esperan respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades. La investigación será crucial para determinar si Lucho Herrera tuvo algún papel en estos crímenes o si su nombre ha sido injustamente vinculado a uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. El país sigue atento al desarrollo de este caso, que podría marcar un antes y un después en la búsqueda de justicia y verdad.